Presentación del libro INTOXICADAS (castellano) INTOXICATS (catalán) en el Colegio de Veterinarios de Barcelona
El jueves, 3 de julio, a las 18 horas presentaré el libro INTOXICADAS (en castellano) INTOXICATS (en catalán) en el Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
Organiza: Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya (AVHIC)
Entrada libre previa inscripción aquí en la web de AVHIC
El jueves 3 de julio, a las 6 de la tarde, presentaré INTOXICADAS (castellano) INTOXICATS (catalán) en la sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. Un libro que recoge y analiza las seis intoxicaciones alimentarias más relevantes ocurridas en España. Casos que no solo dejaron miles de afectados, sino que también pusieron a prueba las políticas de salud pública, la transparencia institucional y la capacidad de reacción de las administraciones.
En esta presentación dedicaré unos minutos a hablar sobre una historia que viví en primera persona mientras me documentaba para escribir el libro: la larga batalla para obtener información pública sobre un brote de salmonelosis ocurrido en 2005 en una planta de pollo a l’ast precocinado en la localidad de Lominchar (Toledo). Este caso no solo ejemplifica cómo funciona (o no) la administración cuando se le solicita información sensible, sino que también pone de relieve un problema estructural: la resistencia al derecho a saber.
Un brote de salmonela y una pregunta sencilla
En el verano de 2005, varios medios de comunicación informaron de un brote de Salmonella Hadar vinculado al consumo de pollo precocinado envasado al vacío. El brote afectó a más de 2.000 personas en toda España y una persona murió, convirtiéndose en una de las intoxicaciones alimentarias con más casos registradas en el país.
Años después, en junio de 2022, en el marco de mi trabajo de investigación para INTOXICADAS, decidí pedir a la administración los informes de las visitas de inspección y de vigilancia epidemiológica relacionados con esa alerta alimentaria.
No buscaba especulación ni reinterpretaciones. Solo documentos oficiales elaborados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, responsables de las actuaciones sanitarias sobre la planta implicada.
Solicitud formal de información… y primeras negativas
El 19 de junio de 2022 presenté una solicitud de acceso a la información pública, amparada en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La petición fue clara y concreta. La primera respuesta fue el silencio administrativo.
Ante la ausencia de respuesta a la solicitud decidí ejercer el derecho de toda persona a reclamar. El 28 de julio de 2022, presenté una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este órgano independiente, adscrito a nivel estatal, es el encargado de resolver conflictos entre ciudadanos y administraciones cuando hay discrepancias sobre el derecho de acceso a la información pública. El silencio administrativo en la normativa estatal se entiende como que la solicitud ha estado desestimada.
Después de mi reclamación, la respuesta de la administración fue una negativa tajante. Alegaron que:
Los informes solicitados afectaban a intereses económicos y comerciales de la empresa.
Al tratarse de un expediente sancionador, solo podían acceder a él quienes fueran parte interesada en dicho procedimiento.
Los datos epidemiológicos eran de carácter auxiliar y no estaban disponibles como documentos elaborados.
Podría ser una forma de decir: “no se lo vamos a dar… y vamos a usar todo el marco legal posible para justificarlo.”
Reclamación ante el Consejo de Transparencia
La Reclamación fue admitida a trámite y, meses después, el 25 de mayo de 2023, el CTBG emitió una resolución clara y contundente:
«La información solicitada es pública y debe ser facilitada al reclamante en un plazo máximo de 20 días hábiles.»
«Los argumentos esgrimidos por la Consejería de Sanidad no justifican la denegación del acceso.»
«El tiempo transcurrido (17 años) desde los hechos reduce o elimina cualquier perjuicio alegado para los intereses económicos o comerciales.»
El Consejo recordó, además, que la información solicitada ya había sido objeto de cobertura en medios y páginas institucionales, y que no se puede restringir el acceso sin aplicar los dos test, el del daño y el del interés público.
Todas las resoluciones se publican. La Resolución N/REF: RT/0409/2022 [Expte. 1798-2023] se puede consultar en la página web del CTBG.
Incumplimiento y requerimiento oficial
Pese a la resolución, la administración no cumplió voluntariamente en el plazo previsto. Fue necesaria transmitir una queja al Consejo el 6 de agosto de 2023. El CTBG el 7 de agosto de 2023 exigió a la Consejería que entregara la información de forma inmediata, tal como se había ordenado en la resolución.
Finalmente, el 30 de agosto de 2023, más de catorce meses después de mi solicitud inicial, recibí los documentos: informes de inspección, actas de toma de muestras, análisis de alimentos, documentos internos, e incluso el informe técnico sanitario del 9 de agosto de 2005.
La información existía. Estaba allí. ¿Por qué fue necesario esperar más de un año hasta obtener los documentos si la Ley exige facilitar la información en 30 días?
Lo que aprendí de esta experiencia (y por qué lo explico)
Este caso, que forma parte del capítulo cinco de INTOXICADAS, ilustra una realidad que va mucho más allá de una intoxicación alimentaria: el acceso a la información pública, especialmente cuando afecta a la salud y la seguridad, no siempre es respetado por quienes deberían garantizarlo.
Estas son algunas de las conclusiones que extraigo:
La transparencia formal no garantiza transparencia real.
Las leyes existen, pero no siempre se aplican si el ciudadano no insiste o no conoce sus derechos.Las administraciones siguen recurriendo a límites abusivos para restringir el derecho de acceso.
Argumentos como el perjuicio a intereses económicos o comerciales o la “no condición de persona interesada” se usan con frecuencia para evitar entregar información que debería ser pública.Los órganos garantes como el CTBG son eficaces… si se utilizan.
Las resoluciones del Consejo de Transparencia pueden ser una herramienta poderosa, pero muchos ciudadanos ni siquiera saben que pueden recurrir.El tiempo es un factor de desgaste.
Lo que debería resolverse en 30 días puede alargarse más de un año. Y eso tiene un coste: emocional, profesional, informativo.
Nos vemos el 3 de julio
Este y otros casos estarán sobre la mesa en la presentación de INTOXICADAS, el jueves 3 de julio a las 18 h en el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, en un acto abierto al público y organizado por la Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya.
Hablaremos de intoxicaciones alimentarias, pero también de responsabilidad institucional, cultura del silencio, de investigación basada en datos públicos y derecho a saber.
Porque la transparencia no es un eslogan, es una herramienta para mejorar la salud pública, prevenir errores y proteger a la ciudadanía.